La Fundación Universidad-Empresa (FUE) alerta de los riesgos que supondría la desaparición de las prácticas extracurriculares tal y como plantea la ‘Proposición de Ley reguladora de las prácticas académicas universitarias externas’ que ha presentado el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, actualmente en fase de enmiendas en el Congreso de los Diputados.

La eliminación de las prácticas extracurriculares implica la pérdida de un derecho establecido en el Estatuto del Estudiante y afectaría de “forma significativa al acceso laboral de los graduados”. “Son las que proporcionan una mayor empleabilidad, al aportar las competencias transversales que demanda el mercado laboral”, explica la FUE.

Asimismo, la supresión de las extracurriculares supone que “los estudiantes que no tengan prácticas curriculares en sus planes de estudio se quedarán sin opciones de realizar práctica alguna”, afirma la FUE.

Debilitar el sistema

En un documento en el que se recogen sugerencias de universidades, empresas y entidades gestoras vinculadas a las universidades, la FUE señala que esta iniciativa legislativa puede ser una “oportunidad para optimizar el actual modelo de prácticas universitarias” desde la triple perspectiva de “la calidad, el valor formativo y la operatividad”.

No obstante, como institución promotora de las prácticas académicas en España desde 1981, la FUE muestra su preocupación si llega a aprobarse el texto en los términos propuestos, ya que podría “debilitar las bases del sistema que se ha ido desarrollando desde hace años”.

En ese sentido, sus propuestas van encaminadas a lograr una “normativa mejorada” que refuerce el modelo de “prácticas de calidad y facilitadoras de la inserción laboral”. Para ello, se han reunido con los principales grupos políticos y han mantenido contactos con representantes de la sociedad civil como la Red Española de Fundaciones Universidad Empresa (REDFUE), la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y la Asociación Española de Fundaciones (AEF), entre otros.

Mantener el carácter formativo de las prácticas

Otro de los puntos conflictivos de la Proposición de Ley tiene relación con el carácter de las prácticas. Frente a la asimilación de algunos aspectos de un “régimen exclusivamente laboral”, la FUE apuesta por mantener el “carácter académico y formativo de las prácticas universitarias”.

“La Proposición de Ley introduce conceptos que incorporan derechos y obligaciones de carácter laboral a la realización de las prácticas”, lo que configura un “auténtico contrato de trabajo”, lamenta. “Confunde un periodo de formación y aprendizaje con un auténtico ingreso en el mercado de trabajo”, concreta la FUE.

Revisar limitaciones

A ese respecto, considera que es necesario revisar las limitaciones a la realización de las prácticas en lo que a créditos, horarios y prórrogas se refiere para que “se ajusten más a la realidad” y se facilite el “acceso al mayor número de estudiantes”.

También sugiere revisar los requisitos, obligaciones, limitaciones y sanciones que se proponen respecto a las entidades colaboradoras. “Su aplicación supondría, con toda seguridad, una reducción significativa del número de empresas dispuestas a acoger estudiantes en prácticas”, sentencia la FUE.

“La exigencia del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) y los costes de transporte y manutención es difícil de asumir para muchas pymes”, recuerda la Fundación Universidad-Empresa.

Otra de las propuestas es mantener la figura de las entidades gestoras vinculadas a las universidades, ya que juegan un “papel clave” a la hora de promover la colaboración entre universidades y empresas colaboradoras y contribuir a la formalización y difusión de buenas prácticas.

“Además de proporcionar un canal de comunicación ágil y fluido entre las universidades y las empresas, estas entidades prestan apoyo y asesoramiento en materia normativa, hacen seguimiento de los convenios para asegurar su correcto desarrollo, y centralizan el trabajo administrativo que conlleva la gestión de las prácticas”, detalla la FUE.

No todo es fraude

Por último, la FUE propone reforzar los mecanismos de autorregulación, control y seguimiento de las prácticas aunque considera “injustas” las repetidas alusiones de la Proposición de Ley al fraude y la falta de control.

“Si bien somos conscientes de la existencia de algunas situaciones no deseadas, no parece acertado hablar de fraude generalizado en las prácticas universitarias”, finaliza la Fundación Universidad-Empresa.